POR JUAN FELIPE ZULETA VALENCIA | PUBLICADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En los 45 centros históricos que existen en Colombia hay quienes se preguntan de qué les sirve coexistir con ese patrimonio, que para muchos se ha convertido en una piedra en el zapato para el desarrollo de sus comunidades.

Durante décadas la respuesta fue fácil: porque vivir cerca de estos lugares de origen colonial o que hicieron parte de la gesta de Independencia era suficiente motivo de orgullo. Hoy desde el Ministerio de Cultura reconocen que esa respuesta no es suficiente.

Desde hace 61 años, cuando se creó la Ley 163 del 59, que brindó el primer amparo a los Monumentos Nacionales hoy conocidos como bienes de interés cultural de la Nación –BIC–, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en recuperar físicamente estos espacios y blindarlos normativamente.

Entre esos hitos destacan, por ejemplo, la Ley 397 de 1997, que los elevó por encima de los planes de ordenamiento territorial con el fin de evitar que las decisiones de las administraciones de turno pudieran causarles alteraciones de algún tipo. En 2009 se creó el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP–, un instrumento de planeación para proteger estos bienes y que se complementó un año más tarde con el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos –PNRHC–, que desde 2010 facilitó la ejecución de varios de los PEMP en una veintena de centros.

Sin embargo, Alberto Escovar Wilson-White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, reconoce que el país se centró tanto en cuidar edificaciones que olvidó como en entender qué “era lo que sucedía allí, lo que realmente llega a darles noción de patrimonio”.

El “recorderis” lo dio la Unesco en su convención en 2003 en la que proclamó que lo que las personas hacen, hablan, bailan, comen, etc, puede ser considerado patrimonio.

Con ese cambio de perspectiva, dice Escovar, han intentado en los últimos años darle una respuesta más convincente a los habitantes acerca del privilegio que tienen al hacer parte de esos centros.

17 departamentos cuentan con al menos un centro histórico en su territorio.

Entre las certezas que ahora tienen, dice el director, es que la mejor vía para mantener una edificación patrimonial en pie es conservar el oficio de la construcción tradicional. Y en esto Barichara ha marcado el camino.

“Este municipio ha mantenido vivo el conocimiento de la construcción en tapia y por eso ha podido crecer conservando su huella, y es que, al final, lo que nos muestran los centros históricos es que fueron capaces de levantarse utilizando solo los materiales disponibles en su región, generando unas economías locales en las que se beneficia el tapicero, el carpintero. Además nos marca una solución desde el punto de vista climático, porque solo el transporte de materiales con los que construimos hoy deja una enorme huella de carbono”, expone.

También, según cuenta el historiador y residente en Barichara, Óscar María Suárez, esto le ha permitido al municipio reducir un poco la gentrificación o elitización residencial, efectos colaterales que experimentan en mayor o menor grado todos los destinos turísticos del mundo y que causa desplazamiento de residentes y habitantes tradicionales por las transformaciones que impone la actividad turística en estos centros históricos.

“Que perdure la técnica de construcción ha permitido mitigar la presión sobre el inmueble en el que se mezclan la llegada de personas con mayor poder adquisitivo y la especulación del sector inmobiliario para encarecer valores”, explica.

Aún así, el de Barichara es uno de los 12 centros históricos amenazados por esta dinámica, según concluyó el Grupo de Investigación en Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Medellín, entre los que se encuentran también el de Jericó y Santa Fe de Antioquia. Y, claro está, Cartagena, como caso crítico.

“Estamos además perdiendo edificaciones de valor histórico y cultural que son demolidas para dar paso a edificios de apartamentos y nuevos locales comerciales”, apunta entre las conclusiones de dicha investigación el profesor Álvaro Hernán Acosta.

De todas formas, el turismo sigue siendo una atractiva oportunidad para estos lugares. Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, según cuenta su alcalde Andrés Felipe Pardo, a la par que busca expandirse más como destino mantiene un proceso de apropiación con sus habitantes en un ejercicio constante desde hace más de una década.

“Trabajamos con el Ministerio de Turismo en la generación de una marca para el municipio, y seguimos construyendo patrimonio con carácter social, haciendo conferencias, manteniendo en su lugar a vendedores que tienen una carga histórica, porque conservan nuestras tradiciones, porque finalmente son ellos y las personas que viven en la periferia pero llegan al centro histórico a apropiarse, a denunciar una intervención irregular, quienes conforman el primer factor de conservación”, expone el mandatario.

Abejorral (Antioquia) es un caso que contrasta con los anteriores y es quizás uno de los más representativos que existen acerca de la compleja relación entre patrimonio declarado y población, según cuenta el mismo Alberto Escovar.

De los 579 bienes inmuebles que conforman el centro histórico del Oriente antioqueño, señala el alcalde Julián Muñoz que hay cerca de 200 viviendas cuyo techo está en riesgo de inminente colapso.

“Los propietarios dicen, listo, ya somos patrimonio, Mincultura reconoce que no puede darnos recursos, pero que nos dejen recuperar nuestros inmuebles con materiales de la región sin que la solicitud tarde hasta un año”, resalta.

Pese a las reticencias la gente del municipio ha mostrado voluntad para hacer realidad la promesa del turismo. Hace dos años se ganaron una convocatoria del Laboratorio de Centros Históricos del Mincultura para restaurar la calle del comercio y tienen unos proyectos culturales, de música urbana y experimentación audiovisual que sedujeron a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, en encuentro la semana pasada, al punto de comprometerse a brindarles apoyo.

Para María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto de Patrimonio en Bogotá y experta en revitalización de centros históricos, la visión del país respecto al manejo de estos 45 territorios ha sido, cuando menos, “miope”.

Entre los principales errores la arquitecta evalúa que el Estado se ha enfocado tercamente en la formulación de proyectos normativos, planeación a nivel general, desconociendo necesidades y experiencias locales.

Por ejemplo, recalca, mientras en referentes como el centro histórico de Ciudad de México se apostó por el mejoramiento de inquilinatos y rehabilitación de edificaciones para hacerlas habitables, reconociéndolos como aliados para la recuperación de tejidos urbanos y de paso como soluciones de vivienda, los PEMP en Colombia apuntaron hacia una dirección opuesta.

“Las políticas en Colombia nunca han reconocido la existencia de inquilinatos, que son una solución de vivienda útil. Bogotá, en los 90, tuvo un proyecto de dignificación de inquilinatos en la periferia del centro histórico que nosotros recogimos en 2013, pero luego lo dejaron diluir. Acá tenemos muy arraigado el borrón y cuenta nueva y esas renovaciones de nuestros centros históricos destrozan tejidos urbanos y sociales, relaciones afectivas con los territorios construidas a lo largo de mucho tiempo”, señala.

Entre otras cosas, abordar territorios tan sensibles desde la política cultural y no desde el urbanismo, ha convertido a los PEMP en instrumentos que solo se socializan pero sobre los cuales no se participa.

Además de todo esto, apunta la arquitecta, son altamente costosos. Martínez ilustra este punto comparando la planeación de un patrimonio en España y otro en Colombia. El plan estratégico para el casco histórico de Medina de Pomar, de 205 kilómetros cuadrados y que es uno de los patrimonios emblemáticos en España, costó 20.000 euros (unos $75 millones). El del centro histórico del municipio de Iza, en Boyacá, con apenas 34 kilómetros cuadrados, costó $346 millones solo en su primera fase.

Por todo esto, concluye, no solo es necesario revaluar la metodología de este instrumento sino acoger una visión más acorde a la realidad de lo que requieren las ciudades, esto es “reutilizar, rehabilitar, reciclar y regenerar, tanto estructuras arquitectónicas como tejidos sociales y prácticas cotidianas. Las ciudades deben reformarse sobre sí mismas, no expandirse”, dice Martínez.

Reconociendo las falencias con las que han abordado el tema patrimonial, el director Alberto Escovar confía en que el país pueda alinearse mejor con una necesidad que le impone el presente.

“Los centros históricos ya no son los museos donde íbamos a tomar fotos sino que exige verlos como laboratorios a través de los cuales nos puede enseñar una comunidad que vivió allí, en una mejor armonía con el medio ambiente. Ahí ya hay un cambio en la noción de patrimonio que entenderán las personas en el futuro”.